El caso de la senadora Camila Flores, quien denunció esta semana la filtración en redes sociales de imágenes íntimas junto a su actual pareja, vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Chile no puede seguir postergando: la violencia digital contra las mujeres y la urgencia de fortalecer y modernizar las herramientas legales e institucionales para enfrentarla. La difusión no consentida de imágenes íntimas mediante medios digitales y tecnológicos ya está reconocida como una forma de violencia en la ley integral 21.675 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de género. Se trata de un marco general de política pública que busca orientar una acción transversal y coordinada del Estado, mejorar el acceso a la justicia y promover la reparación de las víctimas.