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En menos de 24 horas, el Ministerio de Defensa firmó cinco resoluciones que ordenan la salida de cerca de 100 oficiales, entre mayores y tenientes coroneles, que no figuraban en listas previas de evaluación para ascenso ni en procesos visibles de retiro. Todos fueron llamados a calificar servicios . La filtración de estas decisiones encendió alertas sobre lo que estaría ocurriendo al interior de las Fuerzas Militares , no solo por la magnitud de las salidas, sino por la forma en que se adoptaron. De acuerdo con los oficiales afectados, las resoluciones, suscritas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez , tendrían posibles irregularidades jurídicas relacionadas con las fechas de los procedimientos y la documentación de los expedientes. Uno de los principales cuestionamientos apunta a la Junta Asesora encargada de evaluar estos casos. Según los documentos conocidos, la sesión en la que se habrían revisado las salidas se llevó a cabo el 16 de marzo y fue catalogada como ordinaria. Sin embargo, algunos oficiales sostienen que esa fecha no coincide con los parámetros establecidos en la normativa que regula su funcionamiento, lo que, a su juicio, pone en duda la validez del proceso. La