<p>Dieciocho personas atrapadas en la notoria redada de estilo militar en un complejo de apartamentos en el vecindario de South Shore el otoño pasado dieron un paso clave esta semana hacia la responsabilidad legal del gobierno federal por “brutalizar y perfilar racialmente” a los residentes del edificio, afirmaron los abogados.</p><p>El MacArthur Justice Center y otros grupos legales anunciaron el miércoles que habían presentado quejas administrativas contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en busca de reparación bajo la Ley de Reclamaciones por Agravios Federales, que ofrece una vía para demandar al gobierno federal.</p><p>“No deberíamos vivir en un país donde el gobierno federal puede usar las violaciones de la Constitución como propaganda y salirse con la suya”, dijo Jonathan Manes, abogado principal del MacArthur Justice Center. “Esta redada fue una pesadilla convertida en realidad. Expone el abuso de poder de los agentes federales mientras dejó traumatizada a la comunidad de Chicago.