La acumulación de una deuda superior a $93.000 millones por parte del Gobierno Nacional con el sector del Gas Licuado de Petróleo (GLP) encendió las alarmas de la Asociación Colombiana del GLP, Gasnova. El gremio advirtió que los retrasos en el pago de subsidios podrían poner en riesgo la continuidad del servicio para más de un millón de personas de bajos ingresos en distintas regiones del país. Los recursos pendientes corresponden a subsidios del servicio público domiciliario de GLP dirigidos a usuarios de estratos 1 y 2 en los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Amazonas y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.