Nadie debería leer el reciente fallo de la Sala Primera –ni este editorial– como una absolución a quienes ocultan ingresos deliberadamente. Pero entre combatir la evasión y construir una maquinaria que presume mala fe en cada ciudadano hay una distancia que la CCSS lleva años sin medir, y los números prueban que la estrategia actual no funciona