Una investigación de la Universitat de Girona destapa los déficits de la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial a la hora de recopilar las estadísticas sobre sentencias por delitos sexuales graves En el 20% de las denuncias por delitos contra la libertad sexual la víctima era menor de 13 años “Ninguna institución española sabe, ni de manera aproximada, cuántas sentencias se han dictado por los delitos sexuales más graves ni cuántas personas han sido juzgadas y condenadas por ello”. Esta es la conclusión de una investigación de la Universitat de Girona (UdG) tras analizar las bases de datos sobre sentencias por estos tipos penales de las tres instituciones que los recogen: la Fiscalía General del Estado (FGE), el Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS), dependiente del Ministerio de Justicia, y el Centro de Documentación del Poder Judicial (CENDOJ), que recopila resoluciones de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y el Tribunal Supremo. El estudio, publicado en la Revista Española de Investigación Criminológica , revela las carencias a la hora de recopilar los datos, pese a que la última ley sobre delitos sexuales tenía un apartado específicamente dedicado a la necesidad de contar con encuestas y trabajos sobre “índices de condena y consecuencias” de la violencia sexual.