El uso abusivo de la acusación constitucional por diputadas y diputados se convirtió en una constante durante los dos últimos gobiernos. Lo que la Constitución concibe como un mecanismo excepcional de control político ha terminado transformándose, en la práctica, en la herramienta predilecta de la oposición para dificultar la agenda del Ejecutivo y marcar posiciones frente a la opinión pública. Con la sola excepción de la acusación contra el exministro Andrés Chadwick en 2019, ninguna de la veintena de libelos presentados durante ese período prosperó en el Senado.