SEÑOR DIRECTOR: La urgencia de modernizar (y legitimar) tanto la ley de impuesto territorial como el fondo común municipal se refleja en el debate de la exención de contribuciones para las personas mayores. Los detractores hablan de regresividad sin ofrecer alternativas sostenibles, omitiendo que la recuperación estatal de plusvalías seguirá siendo quimera mientras solo el 40% de los inmuebles (y apenas el 23% de las viviendas) soporten la carga. El impuesto recaudaría un mayor porcentaje del PIB gracias a bases amplias y tasas bajas, pero sería políticamente impopular.