El presidente electo, Abelardo de la Espriella, le ordenó a su ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, que solicitara a la Procuraduría General de la Nación una intervención preventiva en los procesos de contratación que actualmente adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP). En especial, pidió poner la lupa por uno que suma $78.000 millones. El Gobierno entrante calificó como “urgente e indispensable” que el ministerio público inicie la vigilancia a varios procesos de esa entidad, “al considerar que involucran asuntos de la más alta sensibilidad para la seguridad del Estado, la protección de los derechos fundamentales y la correcta administración de los recursos públicos”.