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Varias instituciones y autoridades del Estado se sumaron al llamado urgente por la liberación de cuatro funcionarios que permanecen secuestrados por el ELN, en un pronunciamiento conjunto en el que se insiste en la necesidad de respetar su vida y su libertad. Según el grupo armado, dos agentes del CTI de la Fiscalía y dos policías de la DIJIN permanecerán privados de la libertad durante varios años bajo una supuesta “prisión revolucionaria”, una decisión que ha sido ampliamente cuestionada por autoridades y organismos humanitarios. En un acto reprochable, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, integrantes de la Policía adscritos a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), fueron “sentenciados” a 60 y 55 meses, respectivamente. A ellos se suman Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes recibieron una pena de 36 meses de prisión. La primera en reaccionar fue la defensora del pueblo, Iris Marín. Rechazó con contundencia el anuncio realizado por el Ejército de Liberación Nacional sobre la supuesta imposición de un “juicio revolucionario” contra los funcionarios y aseguró que ninguna acción de este tipo legitima la privación de la libertad de los uniformados. Más tarde, vino el comunicado conjunto de la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia. Recordaron que el respeto por la vida, la integridad y la libertad de los ciudadanos es un principio fundamental. El llamado se dirige específicamente a garantizar la liberación de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia, J esús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como de los integrantes de la Policía Nacional Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza. En el pronunciamiento, las entidades también advirtieron que la persistencia de prácticas como el secuestro, prohibidas tanto en Colombia como a nivel internacional, deteriora la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia. R