Hace unos meses condenaron al fiscal general del Estado, y uno de los indicios admitidos en su contra era el borrado de su móvil. Algo debía de esconder, razonaron los inquisidores. Lo que García Ortíz temía, con conocimiento de causa, era que sus conversaciones, todas, terminasen en manos de las acusaciones populares, y de ahí a las portadas de los medios.