El decreto que acelera la designación de jueces —de la Corte y de las instancias inferiores— no sólo retrocede frente a una reforma del gobierno de Mauricio Macri, desanda la autolimitación que el propio kirchnerismo se había impuesto en 2003. Y lo que está en juego excede a la Justicia: es la seguridad jurídica de la que dependen la inversión y el desarrollo.