Original (es)

Era tema de conversación casi obligada entre muchos vecinos de barrios populosos, con serias dificultades para hallar un espacio de estacionamiento en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Cada vez se registraban más y más lugares reservados para personas con discapacidad. La duda, claro está, nada tenía que ver con la necesidad de que una persona en esas condiciones cuente con un espacio reservado debidamente, pero llamaba poderosamente la atención la enorme cantidad de “cajones” señalados en amarillo en el asfalto, acompañados de postes indicadores con el número de la patente del automóvil autorizado. Llegaron a detectarse hasta cuatro de esos espacios por cuadra. Tras una auditoría realizada por el gobierno porteño se decidió anular casi 300 de esos espacios de uso público. El análisis de los datos oficiales revela cifras tan curiosas como preocupantes: el 76% de esos permisos estaban vencidos, el 11% de los titulares había fallecidos y el 13% restante eran falsos o no se contaba con registro de su existencia. No estaba desacertada, entonces, la sospecha de los vecinos. El espacio público, una vez más, estaba siendo usufructuado por vivillos a los que, también hay que decirlo, las autoridades tardaron bastante en detectar, como resultado de controles que deberían ser periódicos, pero que no se realizaban. Tras ese operativo, se reiteraron los trámites que una persona con discapacidad debe realizar para obtener ese beneficio en caso de ser ellas las conductoras o los que corresponden a quienes las transportan, por ejemplo en este último caso, contar con el mismo domicilio en el DNI que la persona con discapacidad; tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y la licencia de conducir expedida por la Ciudad; poseer libre deuda de patentes, y la justificación del vínculo con la persona por trasladar: partida de nacimiento, acta de matrimonio o certificado de convivencia donde figuren los datos del beneficiario y del conductor. No se trata de restringi