Una situación que genera inquietud en materia de control sanitario salió a la luz en el municipio de Zipaquirá, luego de que la Secretaría de Salud local reconociera no tener claridad sobre el funcionamiento de un consultorio médico ubicado dentro de un establecimiento de venta farmaceutica. El mismo que el presidente Petro hace un mes celebró. Sobre esto, por medio de una petición ciudadana, se conocieron las declaraciones en las que se afirma textualmente que “la Secretaría de Salud de Zipaquirá reconoció que NO tiene claridad sobre cómo opera el consultorio médico dentro de Drogas La Rebaja CRA 10 # 7B-08”. La información la dio a conocer el exconcejal de Cali , Juan Martín Bravo, a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X (antes Twitter). Sobre esto, Bravo cuestiona la acción, sobre todo por la legalidad del servicio prestado en ese punto. “¿Entonces quién autorizó consultas médicas en ese punto? ¿Bajo qué habilitación? ¿Quién responde ante un posible riesgo para los pacientes?”, dijo. Puede leer: Dar plata a pacientes no resolverá crisis de medicamentos como propone Quintero: “Un acto más de su populismo”, dicen expertos Los cuestionamientos apuntan directamente a la

El Consejo de Estado mantuvo vigentes las normas que permiten acuerdos entre empleadores y trabajadores sobre los pagos asociados al teletrabajo , como internet, energía y uso de computadores personales. La decisión se dio luego de negar una demanda que buscaba suspender varios artículos del reglamento expedido por el Gobierno en 2022. La demanda fue presentada por el ciudadano Roger Adrián Villalba Ortega, quien argumentó que las reglas actuales vulneraban la ley de teletrabajo de 2008. Según sostuvo, esa legislación establecía que las empresas debían suministrar los equipos tecnológicos y asumir los costos de energía y conectividad de los empleados que trabajan desde casa. El demandante cuestionó especialmente que las normas permitan pactar un auxilio económico mensual entre las partes, pues consideró que ese dinero podría ser inferior al valor real de los servicios públicos. También criticó la posibilidad de que los trabajadores utilicen y respondan por sus propios computadores. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones defendieron la legalidad del reglamento. Las entidades señalaron que las disposiciones no elim

El ministro de Trabajo ha señalado la posibilidad de reinstalar a trabajadores despedidos por “motivos políticos”, lo que introduce un elemento especialmente delicado: el reconocimiento implícito de decisiones laborales vinculadas a criterios ajenos a la legalidad. La entrada Entre el anuncio y la ley: La brecha de los derechos laborales en El Salvador se publicó primero en GatoEncerrado .