La reforma de las reglas para designar a las autoridades electorales va en el mismo camino. Presentada como una medida para “despartidizar” el organismo electoral, el diseño propuesto omite lo esencial: si los partidos no nominan, ¿quién lo hace y con qué criterios? Sin un mecanismo claro que otorgue ese rol a instituciones de la sociedad civil -con requisitos técnicos verificables e independencia político-partidaria-, la reforma no elimina la influencia partidaria, sino que la traslada al único actor con capacidad de llenar ese vacío: el partido mayoritario, justo como en los años del militarismo.