La administración de Donald Trump ha pasado de intentar eliminar el programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia ( DACA por sus siglas en inglés) de un solo golpe a implementar una estrategia de ”erosión gradual” . El objetivo parece claro: endurecer tanto las condiciones de vida de los beneficiarios que estos opten por tal vez salir del país por voluntad propia. Entre los afectados se encuentran más de 3.000 colombianos que hoy viven en un limbo jurídico. El golpe más reciente y significativo proviene del sistema judicial administrativo. La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) determinó que poseer DACA ya no es una razón suficiente para que un juez migratorio cierre un proceso de expulsión. Este tribunal del Departamento de Justicia dictaminó esto tras anular la decisión de un juez que había cerrado el proceso migratorio de la activista Catalina Santiago basándose únicamente en dicho estatus. Es por ello, que ahora este cambio en el criterio rompe el “escudo” que protegía a los beneficiarios de la deportación, estableciendo que el programa no otorga un estatus legal “inmune”. Como consecuencia, el fallo abre la puerta a que miles de casos sean re