Francisco Javier González, con experiencia en la gestión económica administrativa, y Alejandro Rojo, médico de profesión, desempeñaron sus cargos bajo el mandato de la socialista María Luisa Rea El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público al exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS) Francisco Javier González y al exdirector de la Gerencia de Atención Primaria Alejandro Rojo, respectivamente, por prevaricación en contratos menores en su etapa en el cargo hace dos legislaturas. Lo resuelve así la Sala de lo Penal del TS en una sentencia que ratifica la pena impuesta en marzo de 2021 por la Audiencia Provincial de Cantabria tras el juicio celebrado un mes antes, y corroborada después, en enero de 2023, por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma. Ahora, el alto tribunal coincide en que el que fuera subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del organismo sanitario cántabro incurrió en un delito continuado de prevaricación adminis
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Francisco Javier González, con experiencia en la gestión económica administrativa, y Alejandro Rojo, médico de profesión, desempeñaron sus cargos bajo el mandato de la socialista María Luisa Rea El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público al exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS) Francisco Javier González y al exdirector de la Gerencia de Atención Primaria Alejandro Rojo, respectivamente, por prevaricación en contratos menores en su etapa en el cargo hace dos legislaturas. Lo resuelve así la Sala de lo Penal del TS en una sentencia que ratifica la pena impuesta en marzo de 2021 por la Audiencia Provincial de Cantabria tras el juicio celebrado un mes antes, y corroborada después, en enero de 2023, por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma. Ahora, el alto tribunal coincide en que el que fuera subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del organismo sanitario cántabro incurrió en un delito continuado de prevaricación administrativa, por indebido fraccionamiento de contratos. Rechaza así el recurso de casación interpuesto por González salvo en lo relativo a la condena en costas de la apelación, que se declaran de oficio (la Sala de lo Civil y Penal del TSJC desestimó íntegramente los recursos de ambos procesados y les impuso el pago de las costas procesales). Por su parte, el que fuera director de la Gerencia de Atención Primaria condenado por prevaricación --no continuada, ya que su actuación se limitó a un único hecho, por el fraccionamiento de contrataciones de obras y servicios en el SCS-- desistió del recurso de casación después de formalizarlo. “De manera reiterada y aprovechando idénticas oport
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A critical remote code execution vulnerability (CVE-2026-1731) has been identified in remote monitoring and management software that could be exploited to deploy ransomware and compromise supply chain integrity. The flaw enables attackers to execute arbitrary code, creating significant risk for downstream organizations and critical infrastructure.
Bitwarden CLI, the command-line interface for the password manager Bitwarden, has been compromised as part of a newly discovered Checkmarx supply chain campaign. The affected package version is @bitwarden/cli@2026.4.0, with malicious code published in 'bw1.js,' according to findings from JFrog and Socket.
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