El borrador del anteproyecto de ley de violencia vicaria que analiza el pleno este martes avala en términos generales la última versión de la ley que el Gobierno remitió en marzo Las expertas recelan de la nueva ley de violencia vicaria: “Legislar a golpe de casos como el de Bretón no es la solución” El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobará previsiblemente este martes un informe que, en términos generales, avala la última versión del anteproyecto de ley contra la violencia vicaria que el Gobierno le remitió el pasado marzo. El borrador del dictamen, cuyos detalles ha conocido elDiario.es, respalda la privación automática de la patria potestad en todos los casos en que exista una condena firme por un delito grave de violencia de género, vicaria o sexual contra la pareja o alguno de los hijos a cargo.  Esta es una de las medidas que prevé la nueva regulación que pretende hacer frente a esta forma de violencia machista en la que el agresor utiliza al entorno de la mujer —principalmente a los hijos e hijas— para causarle el mayor daño posible. El Código Penal ya contempla la privación de la patria potestad o la inhabilitación especial para su ejercicio, aunque en delitos con penas muy altas, con carácter potestativo y siempre que exista una vinculación entre el delito cometido y la patria potestad.  El nuevo texto del anteproyecto de ley contra la violencia vicaria incorpora una novedad relevante en la redacción del artículo 92.3 del Código Civil al establecer en las sentencias de nulidad, separación y divorcio la privación automática de la patria potestad cuando exista una condena firme por delitos graves contra la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o la libertad sexual cometidos contra los hijos comunes o la pareja del agresor.  El anteproyecto del Gobierno justifica que esa retirada sea automática debido a la existencia de un pronunciamiento judicial que constata la existencia de un delito grave contra los hijos comunes o la pareja del que se desprende la necesidad de garantizar la integridad y seguridad de los menores.  El borrador de informe que analizarán los vocales del CGPJ en un pleno extraordinario defiende que la comisión de estos delitos constituye una infracción del deber de respetar los derechos de los hijos al que obliga la patria potestad.